Los jueces rafaelinos de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral Pablo Lorenzetti, María José Álvarez Tremea y Duilio Maximiliano Hail, en un fallo de 70 páginas habilitaron la reapertura de la licitación para vender las seis plantas industriales y el paquete de marcas de SanCor, convalidando de esa manera la quiebra dictada por el juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Marcelo Gelcich (a quien la Corte Suprema de Justicia salvó de un pedido de jury de enjuiciamiento).
Resulta incomprensible, a la luz del sentido común, la decisión de quebrar a una empresa que contaba con un plan de recuperación presentado por sus propios acreedores, avalado por más de 3.500 firmas de intendentes, concejales, cámaras empresarias, ex proveedores, ex trabajadores, productores y comerciantes de los pueblos del interior profundo de Santa Fe.
De esta manera, los pueblos de la cuenca lechera perderán 400 millones de dólares en deudas verificadas y conexas. En este escenario de quiebra, y al precio escandaloso en el que la empresa será subastada o, peor aún, desguazada, los acreedores comunes, los proveedores y los productores que sostuvieron a SanCor hasta el final no cobrarán nada. Absolutamente nada.
Todo en ese expediente huele a descomposición. ¿Por qué la Justicia confió la tasación de la empresa a la Sindicatura (en manos de un contador) y no a un ingeniero industrial o a un perito especialista en marcas, subvaluando el patrimonio real de la cooperativa?. ¿Por qué, tras el «inesperado» incendio de la planta principal —siniestrada convenientemente en dos oportunidades— el juez decidió devaluar el precio de SanCor en un 20 % sin ordenar una nueva tasación? Cada decisión pareció fríamente calculada para garantizar un negocio redondo a los caranchos que sobrevuelan los restos de la histórica empresa. Con el silencio cómplice del sindicato ATILRA, dicho sea de paso.
Será un comprador rapiñero quien se enriquezca a expensas de la ruina de toda una región. Los ex trabajadores, con suerte, percibirán apenas un 20 % de sus indemnizaciones, condenando a la pobreza silenciosa y absoluta a más de mil familias que quedaron a la buena de Dios, sin trabajo y lejos de la edad jubilatoria.
Mientras los abogados Regali y Bergallo libran una de sus últimas batallas para derribar la sentencia de quiebra y desguace de SanCor CUL —intentando salvar ochenta años de historia de la cooperativa que mayor prestigio alcanzó en Latinoamérica y el mundo – surge un interrogante que retumba en el silencio de los tribunales santafesinos: ¿a qué obedece este oscuro ensañamiento judicial?
